Una iniciativa legislativa presentada por el congresista Luis Cordero Jon Tay ha generado críticas en el Congreso y en diversos sectores empresariales. El proyecto busca que las víctimas de extorsión puedan declarar los pagos que realizan a la criminalidad ante la SUNAT, permitiendo que estos sean deducidos del Impuesto a la Renta.
REACCIONES
La medida ha sido calificada por expertos y parlamentarios como una forma de legalizar la extorsión. “Dejas la puerta abierta al crimen organizado. Legalizar las extorsiones es una burla tremenda a la población”, señaló el congresista Jaime Quito, de la bancada socialista.
El sector empresarial también expresó su rechazo. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, calificó la propuesta como un insulto a quienes sufren extorsiones. “Esto no solo convierte a las víctimas en cómplices de la criminalidad, sino que incentiva la actividad delictiva. Es apología al crimen organizado”, afirmó Saldaña.
De igual forma, Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de Transporte, indicó que la iniciativa no soluciona el problema y que las autoridades deberían enfocarse en denuncias anónimas y reforzar recursos para la Policía Nacional, Fiscalía y el Poder Judicial. “Lo que debemos mejorar es la reserva del nombre de la víctima y darle más presupuesto a las instituciones encargadas de combatir la delincuencia”, señaló Ojeda.
