A medida que se perfilan las candidaturas para las elecciones generales del 2026, la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los ejes centrales del discurso político. Desde ya, algunos postulantes —como el comediante Carlos Álvarez, líder del movimiento “País para Todos”, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aún no oficializado como candidato, han planteado propuestas radicales para enfrentar el crimen.
Durante una reciente declaración, Álvarez manifestó su respaldo a la pena de muerte para delincuentes captados en flagrancia, incluso sugiriendo ejecuciones sin proceso judicial. Además, criticó duramente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusándola de “solo proteger a terrucos” y oponerse a la pena capital.
CUESTIONAN PROPUESTAS RADICALES
Estas afirmaciones, si bien buscan conectar con un electorado golpeado por la criminalidad, han sido cuestionadas por expertos. Para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, estas propuestas carecen de viabilidad legal. “La pena de muerte no está contemplada en la Constitución salvo por traición a la patria o terrorismo. Lo que estamos viendo son propuestas efectistas, no serias”, advirtió.
En el mismo sentido, Carlos Basombrío, investigador en seguridad y economías criminales, señaló que se necesita un enfoque multisectorial, especialmente en el sistema penitenciario, para lograr resultados sostenibles. “Hablan de cárceles como las de Bukele, pero acá no tenemos ni la infraestructura mínima”, sostuvo.
