La Comisión de Constitución del Congreso, liderada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, dio luz verde a un dictamen que autoriza a los congresistas a realizar actividades de campaña política durante la semana de representación. La propuesta, impulsada por Arturo Alegría de Fuerza Popular y presentada el 23 de mayo de 2025, fue aprobada en tiempo récord, apenas una semana después, sin consultar opiniones de expertos ni abrir un debate amplio. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso legislativo.
El dictamen, respaldado por firmas multipartidarias, permite a los parlamentarios violar el principio de neutralidad electoral al realizar proselitismo mientras viajan por el país con fondos públicos. Aunque se incluyó un texto sustitutorio que prohíbe estas actividades durante horarios de sesiones de comisiones o del Pleno, no se establecieron restricciones claras para las semanas de representación. Esta ambigüedad ha sido interpretada como una puerta abierta para que los congresistas prioricen intereses políticos personales en detrimento de sus funciones.
Críticas y denuncias por una norma controversial
El congresista Jaime Quito, en respuesta a la aprobación del dictamen, presentó una denuncia contra la Comisión de Constitución, argumentando que la norma beneficia directamente a los parlamentarios en un contexto electoral. La rapidez con la que se tramitó el proyecto, sin un análisis profundo ni participación de especialistas, ha alimentado las críticas de la ciudadanía, que ve en esta decisión un nuevo ejemplo de legislación con fines particulares. La semana de representación, destinada a que los congresistas escuchen las necesidades de sus regiones, podría convertirse en un espacio para actividades partidarias.
La aprobación de esta norma, que coincide con un año preelectoral rumbo a las Elecciones 2026, ha puesto en alerta a la opinión pública. Mientras los congresistas aseguran que el dictamen busca clarificar su rol político, los ciudadanos exigen mayor fiscalización sobre el uso de recursos públicos. Este episodio reaviva el debate sobre la ética parlamentaria y el compromiso de los legisladores con sus electores, en un momento en que la confianza en las instituciones políticas sigue siendo frágil.
