El Congreso de la República ha aprobado por insistencia una ley que obliga a los medios de comunicación a destinar el 10% de su programación diaria a contenidos sobre violencia de género. Aunque se presenta como una herramienta para sensibilizar a la población frente a los feminicidios y otros delitos, la norma ha sido duramente cuestionada por diversos sectores que advierten una peligrosa forma de intervención del Estado en la prensa libre.
Organizaciones periodísticas han manifestado su preocupación por lo que consideran un intento de imponer contenidos sin ningún filtro editorial. Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, denunció que se trata de “productos enlatados” cuya fuente se desconoce y que los medios estarían obligados a difundir sin verificación. A esto se suma el riesgo de que estos materiales, lejos de informar, puedan contener desinformación.
El abogado Adrián Simmons fue aún más categórico al señalar que se trata de una “expropiación indirecta”, ya que el Estado estaría tomando parte del espacio informativo de los medios sin compensación ni control editorial. Por su parte, Michelle Szejer, presidenta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, cuestionó la coherencia moral del Congreso, recordando que decenas de requisitoriados por delitos sexuales forman parte de listas partidarias.
PREOCUPACIÓN LATENTE
Aunque el Ejecutivo observó inicialmente la ley, finalmente no se opuso a su aprobación, lo que ha encendido aún más las alertas. Para muchos, esta iniciativa revive prácticas de control informativo del pasado, pero ahora con un mecanismo legal y más sutil. La preocupación es clara: esta franja obligatoria podría ser solo el inicio de un modelo de intervención estatal en los contenidos periodísticos del país.
