El transporte público, que moviliza al 92% de limeños, se encuentra en una grave crisis debido a la ola de extorsiones que azota a empresas y conductores. Mientras los sistemas como el Metropolitano, los trenes y los corredores complementarios apenas cubren el 8% de la demanda, el grueso de la población depende de un servicio que hoy opera bajo amenaza constante de la delincuencia.
“El Metropolitano y el tren eléctrico juntos no alcanzan ni el 8% del mercado. Es decir, 12 millones de limeños usan un sistema que está involucionando y ahora está jaqueado por el crimen”, advirtió Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos.
El temor ha llevado a muchas empresas de transporte a dejar de operar. “Algunas ya han paralizado sus rutas y otras se han visto obligadas a pagar cupos no solo a una, sino a dos bandas criminales”, denunció Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).
COMPROMISO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
El pasado 11 de abril, tras un paro nacional del transporte, el Ministerio del Interior y otras autoridades firmaron un acta de compromiso con los transportistas prometiendo mayor seguridad. Sin embargo, el plazo vence el 11 de mayo y, según Valeriano, de no cumplirse los acuerdos, el gremio tomará nuevas acciones.
