La violencia en Lima ha tomado nuevamente a las motocicletas como vehículo de terror. En una sola jornada, dos ataques con explosivos —en Comas y en Ate— fueron ejecutados por delincuentes que llegaron y huyeron en motos con dos ocupantes. En ambos casos, las detonaciones dejaron no solo daños materiales, sino una creciente sensación de inseguridad que ni los decretos supremos del Ejecutivo logran frenar.
La primera explosión ocurrió en el colegio Guadalupe de Comas, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta dejaron artefactos explosivos que estallaron a los pocos segundos. Horas antes, otro ataque similar sacudió la vivienda de una empresaria en Ate. Los delincuentes actuaron con total impunidad y sin necesidad de disfrazarse de repartidores, como señala el exalcalde de Miraflores, Luis Molina: “En estos casos no hubo fachadas, fueron civiles. Este reglamento está mal hecho”.
El Gobierno ha emitido dos decretos para frenar estos actos. Uno prohíbe la circulación de dos personas en una moto en ciertas zonas y horarios. El segundo, el DS 006-2025, impone sanciones graves solo a repartidores que lleven acompañantes, mientras que para los civiles solo exige el uso de implementos de seguridad. Molina cuestiona que se exonere indirectamente a los civiles y considera que eso puede facilitar el accionar delictivo.
FALTAN REGLAMENTOS CLAROS
Este vacío normativo, sumado a la falta de reglamentos claros, evidencia que las medidas tomadas han sido más reactivas que efectivas. “Le faltó pantalones al Congreso para aprobar esto en su momento”, afirma Molina, recordando su frustrado intento de prohibir los acompañantes en motocicletas en 2019. Mientras tanto, los ataques continúan y el crimen organizado avanza sin freno en las calles de Lima.
