La masacre de 13 trabajadores en Pataz no solo ha expuesto una crisis de seguridad en el interior del país, sino también ha sacado a la luz los vacíos de un sistema que, bajo el pretexto de la formalización minera, ha permitido el avance de organizaciones criminales. El REINFO —Registro Integral de Formalización Minera— nació para ordenar el sector, pero se ha convertido en una herramienta que, según expertos y autoridades, ha terminado protegiendo a mineros ilegales que lo usan como fachada.
Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, advierte que con frecuencia el REINFO ha servido de escudo para evitar la acción de la Policía o del Ministerio Público. “Bajo la excusa de tener un REINFO suspendido, se piensa que están dentro de un régimen legal cuando no es así”, señaló. A pesar de estos cuestionamientos, el Congreso decidió prorrogar por seis meses más su vigencia, con 87 votos a favor y 19 en contra, sin ofrecer alternativas de fondo.
Incluso congresistas que votaron a favor reconocen que la medida no era ideal, pero justifican su decisión por presiones políticas y mediáticas. El parlamentario Roberto Chiabra apuntó a una “responsabilidad política” compartida y pidió que se pregunte a cada bancada por qué apoyaron la prórroga, mientras algunos legisladores optaron por responsabilizar únicamente al Ejecutivo por no tomar medidas más firmes frente a la minería informal.
CIFRAS EN ROJO
Desde 2002, el REINFO ha logrado formalizar apenas a unos 2,000 mineros de un universo estimado de 80,000. La ineficiencia del sistema ha despertado incluso la preocupación internacional, como reveló Torreblanca al confirmar que gremios extranjeros han pedido explicaciones. Sin un cambio estructural y sin autoridades dispuestas a asumir responsabilidades, el caso Pataz podría repetirse en cualquier rincón del país.
