Tras más de siete años desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial ha ordenado llevar a cabo el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien enfrenta graves acusaciones de corrupción y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Villarán lideró una red de corrupción, al supuestamente acordar con las constructoras Odebrecht y OAS para otorgarles contratos de concesión en la construcción de la Línea Amarilla, a cambio de financiamiento para sus campañas políticas, incluyendo la campaña por el ‘No a la revocatoria’.
Romy Chang, abogada penalista, ha señalado que la Fiscalía contaría con una considerable cantidad de pruebas, lo que aumenta la posibilidad de una sentencia condenatoria para la exautoridad municipal. Las acusaciones contra Villarán de la Puente incluyen delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. El proceso judicial, que podría extenderse hasta el 2025, será clave para determinar la culpabilidad de Villarán y su presunta vinculación en estos delitos.
Este caso, iniciado en el año 2017, es uno de los procesos de corrupción de mayor antigüedad y notoriedad en nuestro país. A lo largo de los años, Susana Villarán fue mencionada por el exejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y en 2019 se le dictó una medida de prisión preventiva de 18 meses, aunque posteriormente fue revocada por comparecencia con restricciones. Chang explica que la demora del caso se debe a la complejidad de las pruebas y al número de implicados, lo que ha alargado significativamente las diferentes etapas judiciales.
HAY OTROS 20 INVESTIGADOS
El Poder Judicial debe citar a la Fiscalía, a la defensa de Villarán y a los otros 20 investigados para la audiencia de instalación del juicio oral. Villarán también fue protagonista de otros episodios polémicos, como la construcción de una piscina privada en un balneario al sur de Lima que invadía el espacio público, la cual tuvo que ser demolida por las autoridades. Ahora, el inicio del juicio oral marca un momento crucial en uno de los casos de corrupción más relevantes y complejos de la política peruana reciente.
