Una investigación reciente apunta a que una de las granadas halladas en posesión de un sujeto venezolano, trasladado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue, sería propiedad del Ejército Peruano. Este hecho se suma a una preocupante serie de incidentes que involucran explosivos militares en manos de organizaciones criminales.
Según fuentes policiales, en lo que va del año se han registrado al menos 15 incidentes donde granadas de origen militar han sido utilizadas en diversos actos delictivos, incluidos el rescate de un ciudadano coreano en Independencia y el hallazgo de una granada en enero en San Martín de Porres (SMP), vinculado a la banda "Los Injertos de los Hijos de Dios".
Este patrón de uso irregular se refleja también en los registros del año pasado, cuando se contabilizaron 14 casos similares, entre los que destaca el ataque a la discoteca Xanders en San Juan de Lurigancho (SJL), que dejó 15 heridos.
Estos explosivos, adquiridos inicialmente por el Estado para la defensa nacional, están siendo utilizados para actividades ilícitas. Según el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, en 2019 el Ejército adquirió un lote de granadas asignadas a las fuerzas que operan en el VRAEM, armamento que no habrían tenido una auditoria transparente.
LOS HECHOS
El pasado 11 de octubre, una pareja fue detenida tras una persecución iniciada por el personal de la Comisaría de Piedra Liza, luego de que intentaran cobrar cupos en la zona de Puente Nuevo.
Tras ser trasladados al Hospital Hipólito Unanue, se descubrió que llevaban dos granadas, una de las cuales pertenece al Ejército del Perú. Personal de UDEX intervino y logró neutralizar ambos artefactos, evitando así un posible desastre.
Para el exministro de Defensa Jorge Moscoso, aún queda mucho por hacer en términos de custodia y control de este tipo de armamento militar, ya que su filtración al crimen organizado pone en peligro la seguridad de las personas.
