La decisión del Gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas con México fue anunciada por el canciller Hugo de Zela, quien informó que “la ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”. Este anuncio marca un nuevo punto de tensión en las relaciones bilaterales, en un contexto donde el Ejecutivo considera que el otorgamiento del asilo vulnera los principios de no injerencia y respeto mutuo entre Estados.
¿Procede el asilo político para Betsy Chávez?
Durante una entrevista con Tatiana Alemán en el programa 2025 en 24 Horas de Panamericana Televisión, el abogado penalista Vladimir Padilla señaló que el caso “demuestra una vez más que los miembros del colegiado han sido bastante permisivos”, al no verificar de manera rigurosa el estado de salud de la ex jefa del Gabinete, quien había faltado a varias audiencias judiciales alegando enfermedad. Según Padilla, “se ha actuado de buena fe, pero al parecer todo esto fue algo para ganar tiempo”.
El abogado cuestionó la actuación de las autoridades judiciales y fiscales, indicando que “la responsabilidad es de los fiscales, no de los jueces, porque el pedido de prórroga de prisión preventiva se presentó fuera de tiempo”. Además, advirtió que Chávez “ha actuado de mala fe”, pues utilizó recursos dilatorios para evitar enfrentar el proceso. Aun así, precisó que el Tribunal Constitucional actuó correctamente al ordenar su excarcelación, ya que “no se puede restringir la libertad de una persona cuando no existe un mandato judicial vigente”.
Respecto a la legitimidad del asilo, Padilla aclaró que “teóricamente no debería proceder, porque Betsy Chávez no es una perseguida política”, aunque admitió que la decisión final depende del Estado mexicano. “Es como una invitación a tu casa: yo decido a quién invito. Para México hay persecución política, y por eso la acogen”, sostuvo. También recordó que este tipo de decisiones “legitiman un poco a México en la región, porque otorgan asilo incluso a personas que no son perseguidas por ideas, sino por procesos judiciales”.
Por último, el abogado subrayó que el Perú está obligado a otorgar el salvoconducto para que Chávez abandone el país, pero “el Estado puede tomarse su tiempo para entregarlo, porque es una decisión política”. Según dijo, “mientras tanto, ella permanecerá en la embajada, tal como ocurrió con el caso de Alan García”. Para Padilla, este episodio “evidencia que no se trata de un problema legal, sino de voluntad de las autoridades, y demuestra que las instituciones deben actuar con mayor firmeza para evitar que situaciones como esta se repitan”.
