La propuesta de trasladar a delincuentes de alta peligrosidad a la megacárcel de El Salvador, inaugurada en enero de 2023 por el Gobierno de Nayib Bukele, ha vuelto al debate público. El centro penitenciario, conocido por su política de mano dura contra el crimen, tiene capacidad para albergar a 40 mil internos.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, manifestó su respaldo a esta iniciativa, señalando la necesidad de adoptar medidas drásticas para combatir el crimen organizado. Desde el Congreso también se han planteado propuestas similares para trasladar a internos peligrosos.
ESPECIALISTAS OPINAN
En ese contexto, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay consideró que la propuesta es jurídicamente viable, aunque precisó que debería limitarse a delincuentes extranjeros. “No existe un impedimento legal para evaluarla, pero solo debería aplicarse a extranjeros altamente peligrosos, no a nacionales”, sostuvo.
Por otro lado, el exministro de Justicia Víctor García Toma reconoció que el traslado es legalmente posible, pero advirtió que aplicar esta medida sería un mensaje equivocado. "Significaría que el Estado reconoce su incompetencia para desarrollar políticas penintenciarias e imponer paz y tranquilidad en las calles. En lugar de evadir el problema, se debe solucionar”, advirtió.
