La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escala mientras ambos países incrementan sus movimientos militares. Nicolás Maduro anunció la puesta en marcha del “Plan Independencia 200”, desplegado —según sus palabras— en más de 200 frentes de batalla. Paralelamente, Washington mantiene operaciones navales y aéreas en el Caribe. “Esto no es una práctica, esto es un ejercicio que va en serio”, advirtió el secretario de guerra estadounidense. Ante este escenario, Nancy Arellano, especialista en políticas públicas, sostuvo que lo que ocurre “es un tema de seguridad hemisférica”.
Seguridad continental en riesgo
Arellano remarcó que “el gobierno de facto de Venezuela se ha coludido con una serie de grupos paraestatales” y que por esa razón ya no puede ser considerado un interlocutor válido en la comunidad internacional. Recordó, además, que la administración de Donald Trump ha identificado a Caracas como una amenaza estratégica para la región. En ese sentido, explicó que las maniobras militares no buscan solo presionar políticamente, sino “eliminar la amenaza” vinculada al narcotráfico y a economías criminales que, según Washington, parten desde territorio venezolano.
En ese marco, figuras del chavismo también han alzado la voz. Diosdado Cabello afirmó: “Estamos listos para combatir, estamos listos además para una guerra prolongada”. También defendió la preparación de milicias y reservas, aunque Arellano considera que gran parte de esa narrativa “es retórica y show mediático”. Sobre el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la analista destacó que ha enviado mensajes desafiantes a Estados Unidos, aunque insiste en que “la capacidad militar venezolana es desproporcionada frente a la de Estados Unidos”.
La experta también advirtió sobre el entramado criminal que sostiene al chavismo. “Estamos hablando de un multitablero, donde no solo está Maduro, sino también intereses de grupos como el Tren de Aragua y alianzas con actores internacionales”, puntualizó. En su análisis, cualquier eventual transición no se limitaría a sacar al mandatario, sino que requerirá desarticular “el poder de facto que ocurre en la calle, en el control territorial cedido a grupos paramilitares”.
